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Compensación económica – Readecuación Nuevo Código Civil y Comercial

Expte. N°: JU-7276-2012 G., M. A. C/ D. F., J. M. S/ALIMENTOS. N° Orden: 184
Libro de Sentencia Nº: 57
/NIN, a los 25 días del mes de Octubre del año dos mil dieciséis, reunidos
en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de
Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores JUAN JOSE
GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y GASTON MARIO
VOLTA, en causa Nº JU-7276-2012 caratulada: “G., M. A. C/ D. F., J. M.
S/ALIMENTOS”, a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de
votación, Doctores: Guardiola, Castro Durán y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
I. Dictó sentencia a fs. 357/363 el Sr. Juez titular del Juzgado Civil
y Comercial nº 2, Dr. Rodolfo J. Sheehan, mediante la cual decidió:
* Desestimar la demanda de alimentos con fundamento en la causal
del art. 207 del C.C. de Vélez, con costas por su orden.
* Hacer lugar a la demanda por compensación económica instaurada
por la Sra. M. A. G. contra J. M. D. F., fijando la misma en una renta
mensual consistente en el 20% del total de la facturación mensual del
demandado, incluyendo aguinaldos, premios y cualquier gratificación por
su desempeño profesional como médico en todas las áreas públicas y
privadas en las que se desempeñe, ello con efecto retroactivo al día de la
presentación de la demanda ocurrida el 31/10/2012.
* Imponer las costas a la parte demandada, difiriendo la regulación
de honorarios de los letrados intervinientes.
Para así resolver, señaló que al entrar en vigencia el Código Civil y
Comercial durante la sustanciación del juicio, se dio traslado a las partes a
fin de que se pronunciaran sobre la aplicación del mismo a las cuestiones
pendientes. Que ello mereció la presentación actoral por la que se
introdujo la figura de la “compensación económica”.
Seguidamente indicó que la pretensión inicial -fundada en el art.
207 y 209 del Código de Vélez- estaba dirigida a demostrar que había
mermado el nivel económico del que gozaba la cónyuge inocente durante la
vigencia del matrimonio, por lo cual, consideró que la actividad probatoria
tendiente a justificar la concurrencia de tal extremo es de suma utilidad
para evaluar la procedencia o no de la compensación económica.
Analizó los presupuestos previstos en el art. 442 del Cód. Civ. y
Com. en correlato con las circunstancias del caso, arribando a la
conclusión de que la ruptura del vínculo matrimonial provocó en la
cónyuge reclamante un desequilibrio en su patrimonio, al verse privada de
los ingresos que aportaba su ex cónyuge y reemplazado por los alimentos
provisorios fijados en el juicio de divorcio, juzgando que la cuota fijada por
dicho concepto no alcanzaba a cubrir los requerimientos necesarios para
mantener el nivel de vida anterior a la ruptura matrimonial.
También señaló el A-quo, que si bien las partes acordaron un
régimen de liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, no es menos
cierto que la sentencia que dictó la separación personal estableció que los
alimentos peticionados por la esposa tramitarían por separado, lo que
justifica la no inclusión de los mismos en dicho convenio.
Expuso que la edad de la peticionante dificulta su inserción en el
mercado laboral y el hecho de que solo pueda ejercer algunas horas como
docente (carácter provisorio del cargo) demuestra el contratiempo que la
misma enfrenta para acceder a puestos remunerados. Asimismo valoró la
superior formación y capacitación del esposo, que es médico, con
prestación de servicios de su profesión en diversos medios.
En definitiva, sostuvo el sentenciante, que una mirada comparativa
de la situación de las partes durante la vigencia del matrimonio y de la que
actualmente ostenta la requirente permite inferir que los bienes que le
fueron asignados en la liquidación de la sociedad a la esposa no resultan
generadores de ingresos y sí fuente segura de erogaciones para su
conservación y mantenimiento, rubros que, juzga, seguramente se
hallaban destinados a ser atendidos con la cuota alimentaria de cuya
percepción entonces constituía presupuesto necesario la sentencia de
divorcio dictada en el proceso respectivo.
Consideró que el cese de la convivencia ocasionó a la Sra. M. A. G.
un abrupto descenso en su nivel de vida, juzgando equitativo fijar en su
favor una compensación económica bajo la modalidad de renta mensual,
sin fijación de plazo y con efecto retroactivo al día de la presentación de la
demanda.
II. El pronunciamiento fue apelado por la parte actora y demandada
a fs. 366 y 376, respectivamente. Concedidos los recursos a fs. 368 y 377,
agregó el memorial de agravios solo el demandado a fs. 380/381.
Los agravios pueden resumirse así:
* La audiencia fijada por el A quo para el día 1 de marzo de 2016, le
fue notificada con solo 24 horas de antelación y a la que no pudo
comparecer por no respetarse los plazos legales para su notificación,
frustrándose de dicha manera la posibilidad cierta de haber podido llegar a
una conciliación.
* Que se probó en las presentes actuaciones que la Sra. G. no ha
sufrido un desequilibrio manifiesto en su patrimonio a causa de la ruptura
del vínculo matrimonial.
* No se encuentran cumplidos los recaudos establecidos en el art.
442 del Cód. Civ. y Com. destacando que siempre acompañó a su esposa
en las decisiones relativas a su profesión docente.
* No se consideró la edad del demandado ni su estado de salud.
* Quedó demostrado que la peticionante tiene empleo, habiendo
manifestado en la audiencia celebrada el día 21/11/2014 que trabaja en
tres escuelas privadas y en dos institutos terciarios.
* Que en el convenio de división de bienes de la sociedad conyugal
se le atribuyó a la parte actora el 100% de la vivienda familiar, siendo
factible en un terreno lateral la subdivisión en propiedad horizontal y la
locación del galpón construido sobre el mismo.
* Que habiendo sido desestimada la demanda de alimentos iniciada
en fecha 31/10/2012, no corresponde la retroactividad de la sentencia
dictada a dicha fecha.
* No valoró el A-quo la adquisición por la actora de un automóvil
que, entiende, denota que no ha sufrido un deterioro patrimonial luego de
la separación.
* Que no es cierto que la adjudicación de bienes a la actora motive
una carga adicional de erogaciones para la misma en tanto carece de
ingresos fijos y suficientes para afrontar el pago de impuestos y gastos de
conservación. Señala el apelante que en el acuerdo se adjudicó a su ex
cónyuge el 50% del departamento ubicado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires estando ambos de acuerdo en proceder a la venta del mismo;
que incluso se fijó la base de venta en U$S 160.000. Que la actora ratificó
su posición en cuanto a la venta del departamento.
En conclusión, postula la revocación del fallo traído en revisión con
imposición de costas a la contraria.
III. Corrido traslado del memorial de agravios es contestado a fs.
383/390.
Recibidas las actuaciones por el Tribunal, habiendo sido
recepcionada la causa solicitada a fs. 393 y firme el llamado para dictar
sentencia, quedan las presentes en condiciones para resolver.
IV. a) En tal tarea, en primer lugar, previo al tratamiento de la
cuestión de fondo traída a conocimiento del tribunal, corresponde declarar
la deserción del recurso actoral deducido a fs. 366 ante la falta de
fundamentación luego de su concesión a fs. 368 (art. 246 CPCC).
b) Cabe igualmente destacar que deviene improcedente el planteo de
nulidad de notificación de la audiencia de conciliación en la instancia de
origen, ya que además de haber sido diligenciada la cédula respectiva para
la primera de las señaladas a ese efecto en tiempo oportuno (ver fs.
322/323), cualquier defecto o vicio procedimental subsiguiente debió ser
planteado por vía incidental (doctr. arts. 149,169, 253 y conc. CPCC), sin
mengua de señalar que ningún perjuicio o estado de indefensión del
recurrente nulidicente advierto por su frustración, cuando tampoco la
requirió en esta alzada.
V. a) Aclarado ello, el núcleo de la controversia consiste en la nueva
figura de la compensación económica que el Código Civil y Comercial
incorpora. Sobre dicho instituto se ha dicho que: “El objetivo esencial de
esta figura es lograr restablecer cierto equilibrio económico entre aquellos
que compartieron un plan de vida existencial, sea matrimonial o
convivencial, y que la ruptura hubiera alterado. Se propone, entonces, como
un efecto propio del divorcio, como del cese de una unión convivencial o,
incluso, de la nulidad matrimonial.” (María Victoria Pellegrini “Efectos de la
finalización de la vida en común. La compensación económica”, Tratado de
Derecho de Familia, La Ley, t. II p. 496.)
Por su parte, Néstor E. Solari ( “Derecho de las familias” Ed. La Ley
p. 95/6) ha expresado sobre la figura de la compensación económica que:”
La naturaleza de la misma reviste particularidades propias, que se
diferencian de otras instituciones jurídicas típicas -como los alimentos entre
cónyuges, los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil, del
enriquecimiento sin causa- y que lo independizan de ellas. Si bien presenta
ciertas notas comunes a las instituciones referidas, la compensación
económica adquiere naturaleza propia.
(…) Estructurado sobre la equidad, como principio general del derecho,
intenta “compensar” los desequilibrios que provoca el cese de la plena
comunidad de vida, tanto en el matrimonio como en la unión convivencial.
(…) En definitiva, la institución de las prestaciones compensatorias
evita que luego del cese de la convivencia -sea en la matrimonio o en las
uniones convivenciales-, las partes sufran un desequilibrio como
consecuencia del mismo, en atención a las distintas circunstancias
intervinientes y a los roles y funciones desempeñado por cada uno durante
la vida en común.”
En esa misma línea Marisa Herrera (“Código Civil y Comercial de la
Nación Comentado ” Dir. Ricardo L. Lorenzetti Ed. Rubinzal-Culzoni To. II
p. 765) nos dice que “constituye una valiosa herramienta proactiva para
lograr una mayor igualdad real, no solo formal, como pretende el Código en
todo su articulado, tomándose como eje la protección al más vulnerable o
débil. La recepción de esta figura contribuye a que el cónyuge que sufrió un
menoscabo económico pueda lograr su independencia económica hacia el
futuro, evitando recurrir al pago de alimentos para poder rehacer su vida”
Su razón de ser según los fundamentos de la presentación del
Anteproyecto del que resultara el Código sancionado señalan que radica
“en el principio de solidaridad familiar y en que el matrimonio no sea
causa fuente de enriquecimiento o empobrecimiento económico de un
cónyuge a costa del otro”
En función de ello y tal como exige el art. 441 CCN, para que se
ponga en marcha este mecanismo con el quiebre del proyecto de vida en
común debe haberse producido un desequilibrio económico manifiesto, sin
importar el estado de necesidad de uno u otro, pero que llevan a un grado
de desigualdad de oportunidades y en la inserción para afrontar la vida
después de la ruptura en forma independiente cada uno de ellos.
Vale aclarar que “No importa imponer la igualdad absoluta entre los
ex cónyuges, sino compensar el empobrecimiento económico sufrido por uno
con respecto al otro, causado por las renuncias en pos de la asistencia o
solidaridad familiar, que en contracara importan la posibilidad de quien no
lo hace por el proyecto común de vida de ambos, y se ve favorecido en poder
abocarse al desarrollo de su proyecto industrial, comercial, profesional o de
vida laboral más allá de la familia, o lo hace en mayor medida que el otro.
En el régimen derogado estas situaciones encontraban una solución
parcial en los arts. 207 y 208, a través de una prestación que sólo podría
reclamar el cónyuge inocente al culpable ( la interpretación del primer
artículo había llevado a nuestra doctrina a plantearse si se trataba en
verdad de una prestación alimentaria o compensatoria, pero la mayoría se
había pronunciado por la primera), pero esta reforma, al adoptar el sistema
de divorcio incausado, hace realidad la premonitoria observación de
Belluscio: ‘La idea de sustituir el deber alimentario entre los ex cónyuges por
las prestaciones compensatorias parece correlacionada con la concomitante
sustitución del divorcio basado en el incumplimiento de deberes
matrimoniales por alguno de los esposos (divorcio por causas subjetivas) por
el fundado solamente en la ruptura de la comunidad de vida,
independientemente de sus causas (divorcio por causas objetivas’ “
Lamber Néstor D. “Código Civil y Comercial. Comentado, anotado y
concordado” Astrea-FEN To. 2 p. 349/350)
Esto aparece confirmado en los Fundamentos del Anteproyecto:
“…Se aleja de todo contenido asistencial y de la noción de culpa/inocencia
como elemento determinante de su asignación”
b) Esto último entronca en el sublite con el hecho de que la
prestación fijada difiere de la pretensión inicial de alimentos formulada
con sustento en los arts. 198 y 207 del Código de Vélez según reforma de
la ley 23.515, que fue alcanzada en su tramitación por la entrada en
vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) y que diera
lugar a la providencia de fs. 318 para asegurar el derecho de defensa de
las partes y a la posterior readecuación en los términos aquí reseñados.
Aquellos tenían la finalidad de que el cónyuge inocente mantenga el
nivel económico del que gozó durante la convivencia (mientras que el
objeto de la compensación no consiste en ello ver Medina Graciela “
Compensación económica en el Proyecto de Código”. La Ley 2013-A, 472
punto XVI)
De haberse fijado por ese concepto – no así los de necesidadaunque
la cuestión es controvertida, participo del criterio que sostuviera la
Cam. Nac. en lo Civil Sala I el 1/12/2015 (AR/JUR/70851/2015) , con la
opinión coincidente de Kemelmajer de Carlucci-Herrera-Molina de Juan en
comentario “La obligación alimentaria del cónyuge inocente (sic) y el
derecho transitorio. Cuando las piezas se van acomodando” en La Ley
30/5/2016,4 en cuanto al estar alcanzados por la nueva normativa
cesarían. Sin embargo estas implicancias no son aquí de profundizar, toda
vez que los que aquí corrieron -establecidos a fs. 123/125 del proceso de
separación personal acollarado- tuvieron únicamente el carácter de
provisorios y fue durante el curso del reclamo por los definitivos que
sucedió la transformación referida, sin haber alcanzado siquiera
formalmente la nota -relativa por cierto en función de su mutabilidad- de
cosa juzgada.
Es pertinente empero poner de resalto que la autonomía
compensación económica- alimentos no es absoluta, conforme lo dispuesto
por el art. 434 inc. b in fine CCCN, ya que cuando se establece la primera
no son procedentes los posteriores al divorcio que tengan su causa en no
tener recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de
procurárselos. Ello tiene claramente el propósito de que el perjuicio no
sea liquidado dos veces por distintos aunque vinculados conceptos.
c) Amén de que conforme se infiere de lo que vengo diciendo la
institución de las prestaciones compensatorias no debe ser utilizada para
volver sobre la idea de la culpa, pues la reforma ha suprimido el divorcio
con causa (Solari Néstor “Criterios de fijación de la prestación
compensatoria” LLOnline AR/DOC/1556/2014), en el caso que no ocupa
la condición precisamente de cónyuge inocente de la separación de la
reclamante, me eximiría también de analizar la incidencia que según cierta
tesis doctrinaria ( vgr. Ugarte, Sambrizzi, y más moderadamente Lamber)
tuviera en la materia determinada clase de conductas durante la
convivencia.
No obstante, siendo ésta la primera oportunidad en que el tribunal
tiene que resolver sobre esta figura, no quiero dejarla pasar sin fijar mi
postura: “La compensación económica es una figura que se incorpora al
texto civil y comercial en total consonancia con el régimen de divorcio
incausado; a ninguna de las dos figuras legales (compensación y divorcio)
les interesa la culpa o inocencia de los cónyuges sino el acaecimiento de
ciertas circunstancias que producen un desequilibrio económico que un
cónyuge o conviviente debe compensar al otro. En este contexto, si la
ruptura matrimonial deprimió al cónyuge que soportó la infidelidad, si dejó
el hogar familiar y se fue a vivir a la casa de un amigo, etc. son
circunstancias que no interesan para dirimir judicialmente si se hace o no
lugar al pedido de compensación económica, o cómo se evalúan en el caso
que fueran procedentes porque se dan los requisitos legales. En otras
palabras, nada más alejado de la idea de culpa que la compensación
económica, dando cuenta de ello las diferentes variables que explicita el
art. 442 para su fijación judicial, todas de índole objetiva que no indagan
sobre conductas culpables por parte de los cónyuges.(…)En definitiva, no
puede concluirse el carácter indemnizatorio de la compensación
económica, y mucho menos que de ella se deriva la existencia de violación
a derechos y deberes jurídicos matrimoniales” (Kemelmajer de Carlucci,
Aída- Herrera, Marisa “El divorcio sin expresión de causa y los deberes y
derechos matrimoniales en el nuevo Código” La Ley 2015-C, 1280). O como
explica Carlos A. Parellada (“Daños en las relaciones de familia” La Ley
2015-E,981) “El esclarecimiento de la naturaleza jurídica de la
‘compensación económica’ en nuestro derecho debe establecerse sobre la
base del análisis de las pautas para su procedencia y la determinación de
su cuantía, que son las previstas en los arts. 442 y 525. En ellas se
advierte que la procedencia de la compensación no se subordina a la
existencia de ningún factor de atribución. Lo único que la presupuesta es
la existencia de un desequilibrio manifiesto que signifique un
empeoramiento de su situación y producido por el vínculo matrimonial y
su ruptura (art. 441) o por la convivencia y su ruptura (art. 525). Puede
beneficiar al que ha decidido la ruptura o aunque ella haya sucedido por
decisión de ambos. Es ajena a toda idea de culpa, a diferencia de lo que
sucede en otras legislaciones. El hecho de que ‘la compensación
económica’ se destine a compensar un perjuicio no determina que se la
trate como una indemnización nacida de la responsabilidad civil por
daños, pues la existencia de un perjuicio para una parte y un beneficio
para otra constituye el presupuesto fáctico del enriquecimiento sin causa,
que está previsto en el Código Civil y Comercial como una fuente
autónoma de la responsabilidad civil, en el Libro III Título V capítulo 4. No
obstante, en el caso de la ‘compensación económica’ de orden familiar no
existe el límite de la acción in rem verso, que obliga a computar como
máximo el enriquecimiento o el empobrecimiento, estando por el de menor
cuantía. Se trata de un instituto que tiene la mirada puesta en el futuro,
en cuanto tiende a reequilibrar a los miembros de la pareja, con el fin de
ponerlos en condiciones de proyectarse económicamente.”
Se comparta o no, el criterio que el nuevo ordenamiento consagra
parte de la exclusión -como regla- de la responsabilidad civil en
cualquiera de sus derivaciones en lo referido al matrimonio, tal como
resulta de los fundamentos del Anteproyecto cuando dice: “Los (daños) que
pueden ser indemnizados a través del sistema general de la
responsabilidad civil son aquellos no tienen su causa en el vínculo
matrimonial en sí mismo ni en los deberes que de él emanan, sino en la
condición de persona. Se separa así, lo relativo al vínculo matrimonial del
Derecho de Daños”. Sin perjuicio de ello, cabe puntualizar que con el
anterior contexto normativo y tal como surge de la sentencia de fs.
383/386 aquí también se acogió el reclamo de la actora atinente a la
reparación del daño moral.
VI. Establecidos sus perfiles y diferencias en cuanto a presupuestos
y aspectos a considerar y excluidos, adelanto mi coincidencia con el Sr.
Juez de la instancia anterior en cuanto a que se configura la existencia de
un desequilibrio que debe ser compensado, pero no de la entidad que lo
llevó a establecer la forma de su reparación.
Lo equitativo y razonable no es aquí la búsqueda de una nivelación o
igualación patrimonial entre las partes sino la recomposición del
correspondiente a uno de ellos por el “empobrecimiento” – generalmente
por la frustración o postergación del crecimiento propio, pérdida de
chances u oportunidades y ayudas que hubiere brindado- a la par y
vinculado al “enriquecimiento” del otro, durante la convivencia.
Esa unión se extendió por tres décadas aproximadamente (ver
partida de matrimonio y sentencia de separación personal fs. 10 y fs.
383/396 expte 5389/2008 acollarado), habiéndose casado ambos muy
jóvenes (21 él y 19 ella), siendo ambos estudiantes. De la misma nacieron
tres hijos- hoy todos mayores de edad-.
Por condiciones objetivas y de la dinámica familiar (nacimiento de
los hijos al poco tiempo de casarse, atención que los mismos requerían al
margen de alguna ayuda temporaria que tuvo en sus labores de ama de
casa, personalidad, actividad y exigencias del recurrente, permanencia de
la familia en Bayauca y luego traslado a Lincoln; ver declaraciones de los
hijos de fs. 297/308 del mismo proceso) y tal como resulta de los informes
de fs. 267 y 275 expte. mencionado la Sra. G. ha sufrido aplazamientos y
dificultades para su formación y desempeño profesional. En ese sentido,
manifestaron sus hijos J. I. “sólo trabajaba él, el mantenía la familia, con
su profesión de médico, mi mamá no trabajaba” (fs. 298vta) y F. L. O. “Mi
mamá se recibió de profesora de geografía, estudió de grande, ella hace
primer año cuando mi hermana va por el último año del secundario,
estudia en Lincoln y al terminar da clases de filosofía y antes daba
catecismo en un colegio y en la parroquia” (fs. 304vta). Los dichos de la
actora a fs. 17 de dichas actuaciones “luego de dos años de matrimonio (su
ex marido) se recibe (de médico) y comienza a manejar económicamente la
situación” se ven corroborados por encontrarse inscripto el Sr D. F. en
impuesto a los “ingresos brutos” por desempeño de la actividad “servicios
de atención médica” con inicio de actividad 31/10/1981 y por la relación
con el dinero y su manejo del que dieron cuenta de manera conteste sus
hijos.
Con motivo del reclamo alimentario se colectaron elementos
probatorios que el demandado es Director Médico del Hogar Santa Rita
(fs.101), atiende consultorio en Clínica Oeste S.A. una vez por semana
percibiendo sus honorarios a través del Círculo Médico local (ver fs. 240) y
presta servicios en el Hospital Municipal de Lincoln (fs.244), ajuntándose
recibos de octubre a mayo de 2014 por la suma de $6.073 (fs. 247/253).
Por su parte la Sra. G. tiene 57 años y se desempeña como docente, dando
clases en Instituto Profesorado nº:134 de Lincoln, Colegio Nuestra Señora,
Escuela Privada del Alba y Colegio Universitario Privado de Lincoln
(formación religiosa y filosofía) res. A la 1º pre., fs. 224.
No debe soslayarse tampoco que en función de las distintas
vocaciones de los ex-cónyuges (la actora señaló en su demanda de
separación personal que su proyecto particular al momento de casarse
estaba orientado a la docencia) las probabilidades de rendimiento
económico también eran diferentes, ni que independientemente de una
posterior reinserción laboral la misma se encuentra condicionada por
edad y capacitación anterior al igual que tiempo necesario para obtener un
beneficio jubilatorio.
Valoro asimismo que las partes suscribieron un convenio sobre
partición de bienes que obra agregado a fs.20/21 de los presentes. En el
mismo se adjudicó a la Sra. G. un inmueble ubicado en calle Vélez
Sarsfield de Lincoln y al Sr. D. F. una casa habitación ubicada en la
localidad de Bayauca, como así también una quinta ubicada en la zona
rural de la misma localidad. El otro inmueble – un departamento ubicado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- se estipuló se pondría a la venta
con un precio no inferior a u$s 160.000 y se dividiría por partes iguales
entre los cónyuges. También se adjudicaron un rodado cada uno de ellos.
No vislumbro ni fue alegada una desigualdad en las hijuelas que apareje
una mejora para la reclamante a partir de la liquidación de los bienes.
Ello sin mengüa de destacar que otra de las razones para la incorporación
de las compensaciones económicas fue que aparecía como “una forma de
atenuar las injusticias y desigualdades que se pueden producir dentro de
un régimen de separación de bienes. En efecto, cuando uno de los
cónyuges ha aportado mucho mayor cantidad de trabajo para satisfacer
las necesidades del seno familiar que el otro, y no ha recibido restitución
alguna o ella ha sido muy insuficiente, tiene derecho a exigir al final del
régimen, una compensación económica del otro cónyuge, si es que resultó
una desigualdad patrimonial manifiesta y se operó un enriquecimiento
injusto a favor del otro” (Corbo, Carlos María “La compensaciones
económicas en el Derecho Comparado y Proyecto de Reforma” DFyP 2013,
diciembre, 45), por lo que en el sublite por medio de la liquidación de la
masa ganancial (cuya cimiento es el reconocimiento del esfuerzo común),
en alguna medida, aquel sacrificio individual encontró reparación.
Sobre estas bases (art. 442 CCCN) estimo que no se verifica una
situación de desequilibrio perpetuo, al decir de la Dra. Medina en trabajo
citado, que justifique una renta periódica (mensual) por tiempo
indeterminado que como forma excepcional de compensación el nuevo
ordenamiento posibilita. Como la autora razona ello está previsto para
cuando esas repercusiones de la convivencia y su ruptura en la particular
posición de quien sufrió el detrimento aniquilan cualquier expectativa de
abrirse camino económicamente en forma independiente, quedando
sumidas en una situación totalmente desfavorable de no ver reconocida
con carácter indefinido una compensación por sus renuncias.
Menos admisible resulta que se hubieran hecho correr incluso con
intereses como si se trataran de alimentos devengados durante el proceso,
cuando se tratan como dije de institutos distintos.
También interpreto que no excede el marco del recurso incurriendo
en incongruencia que me incline por establecer la compensación de otra
manera (art. 164 CPCC), en función de del derecho de la reclamante y
posibilidades económicas del obligado. “En este caso, la fijación de una
compensación económica se presenta como razonable. La que a su vez
podrá asumir distintas modalidades de pago: pensión, pago en cuotas,
dinero en efectivo, rentas etc. La pronunciada amplitud en que está
formulada esta propuesta otorga un gran poder a la figura del juez, quien
tiene a su cargo la potestad de decisión” ante la ausencia de convenio
regulador de los excónyuges en cuanto al monto y su forma de pago
(Velloso Sandra F. en “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”
Dir Julio C. Rivera -Graciela Medina Ed. La Ley To. II p. 86)
Señalo asimismo respecto a la propuesta que en concreto efectuaré a
este acuerdo que he tenido en consideración los recursos y
disponibilidades con que cuenta el demandado, apreciando
prudencialmente la cuantificación de la acreencia de la reclamante, ya que
además de no regir en la especie la regla de reparación plena o integral
hasta las fórmulas que se han ensayado (vgr. Irigoyen Testa, Matías
“Fórmulas para la compensación económica por divorcio o cese de
convivencia” RCCyC 2015, diciembre, 299) no pueden prescindir del tinte
netamente subjetivo inherente a la visualización de todo tipo de chances,
al mensurar sus factores.
Así, apreciando las circunstancias personales de las partes, postulo fijar la
compensación económica en favor de la actora y a cargo de su ex cónyuge
Sr. D. F. en la suma única de pesos Ciento cincuenta mil $ 150.000, la
que podrá ser abonada en tres (3) cuotas, iguales mensuales y
consecutivas de $ 50.000 cada una, con más intereses a la tasa pasiva
más alta del Banco de la Pcia. de Bs. As. en sus operaciones a treinta
días, en caso de mora. Las costas de Alzada teniendo en cuenta el éxito
obtenido se distribuyen en un 80% al demandado y en un 20% a la actora
(art. 71 CPCC).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas
razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos
legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la
Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde:
1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto hace lugar a la
compensación económica 2) Modificar su cuantía y modalidad de pago,
fijándola en la suma de $ 150.000 que podrá fraccionarse en tres cuotas
mensuales, iguales y consecutivas de $ 50.000; adicionándose en caso de
mora intereses a la tasa pasiva más alta que abone en el Bco. de la Pcia.
de Bs. As. Las costas de Alzada se imponen en un 80% al demandado y en
20% a la actora. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para
su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Castro Durán y Volta, aduciendo análogas
razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo que firman los
Señores Jueces por ante mí: FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA,
RICARDO MANUEL CASTRO DURA Y GASTON MARIO VOLTA, ANTE MI,
DRA. MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
//NIN, (Bs. As.), 25 de Octubre de 2016.
AUTOS Y VISTO:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede,
preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos
168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se resuelve:
1) Confirmar la sentencia apelada en cuanto hace lugar a la
compensación económica 2) Modificar su cuantía y modalidad de pago,
fijándola en la suma de $ 150.000 que podrá fraccionarse en tres cuotas
mensuales, iguales y consecutivas de $ 50.000; adicionándose en caso de
mora intereses a la tasa pasiva más alta que abone en el Bco. de la Pcia.
de Bs. As. Las costas de Alzada se imponen en un 80% al demandado y en
20% a la actora. Difiérese la regulación de honorarios profesionales para
su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904).
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al
Juzgado de Origen.- FDO. DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO
MANUEL CASTRO DURA Y GASTON MARIO VOLTA, ANTE MI, DRA.
MARIA V. ZUZA (Secretaria).-
Updated: noviembre 10, 2016 — 5:29 pm
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