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Restitución de menor a su madre biológica – Cámara de Apelaciones de Mercedes – Pcia de BA

De cómo cuando la Justicia trabaja bien, es Justicia. Cuando el menor estaba desamparado lo cuidó y cuando consideró viable la restitución, lo revirtió, dándole todas las posibilidades a la madre para que aprenda a serlo.

 

Sumario: Restitución de menor a su madre biológica. Interés superior del niño. Revocan la sentencia que había declarado el estado de desamparo y adoptabilidad de un menor que ingresó a la guardia de un hospital con traumatismo de cráneo y golpes en el cuerpo. Considera que se está lejos de una situación de estricta excepcionalidad justificante de la separación definitiva del niño de su madre y de su familia de origen. En tal sentido agrega que no está claro cómo se originaron las lesiones, pero ello pudo haber sido producto de un incidente generado con el padre del niño cuando momentáneamente su madre salió de la vivienda que compartían, por lo que, no puede atribuírsele a ésta intencionalidad ni descuido temerario en la atención del niño, máxime cuando luego del episodio dejó de vivir con esa persona y vive en la casa de sus padres.

Fallo completo:

 
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 8 días del mes de Noviembre de 2013, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. ROBERTO ANGEL BAGATTIN Y EMILIO ARMANDO IBARLUCIA, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-114618 , en los autos: “M. D. S/ MEDIDA DE ABRIGO”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Roberto A. Bagattin.-
VOTACION
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I.- La sentencia de fs. 119/26, que declara el estado de desamparo y en condiciones de adoptabilidad del niño D. J. M., es apelada por la madre del mismo, N. B. M., quien presenta memorial a fs. 143/48. Luego de una serie de medidas dispuestas por esta Cámara, habiendo dictaminado nuevamente el Asesor de Incapaces a fs. 231, los autos están en condiciones de ser fallados.
II.- Antecedentes de la causa y la sentencia.
Los presentes autos se iniciaron con motivo de la remisión de copias de la I.P.P. caratulada “M., B. s. Lesiones graves” instruida por el titular de la U.F.I. N° 9 con intervención del Juzgado de Garantías N° 4 Departamental, a raíz de la denuncia hecha por la médica de guardia del Hospital Nuestra Señora de Luján de las lesiones – hematoma en rostro y espalda, fractura de cráneo, fisura de costillas – detectadas en el niño D. cuando fuera llevado el 7/08/12 por su madre para ser atendido.
Con fecha 10/08/12 la jueza de Familia dispuso la prohibición de egreso del niño del hospital y, junto con los responsables del Servicio Integral de Protección de Niños Zonal (Mercedes) y Local (Luján), trabajar con la familia de origen. Luego del alta médica y de otras medidas, el 17/08/12 se ordenó que, como medida de abrigo el niño fuera alojado en el Hogar Convivencial Instituto Nicolás Lowe con asiento en Mercedes.
Se permitió a la madre, B., que estuviera con su hijo, pero distintos informes de la coordinadora del Instituto dieron cuenta de la dificultad para que se conectara con el niño, de carencia de afectividad y falta de interés sobre su salud, como asimismo de la poca atención por parte de la abuela del menor.
Se realizaron audiencias con la presencia de B. y el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado informó sobre las visitas efectuadas al hogar familiar – donde aquella vive con sus dos padres, siete hermanos y dos pequeños sobrinos -, arrojando, como apreciación profesional, que B. no estaba en condiciones de criar a D. y tampoco la abuela de éste.
En las audiencias se acordó que B. fuera al Instituto dos veces por semana y pernoctara en el mismo de viernes a domingo, pero el Instituto informó que, pese a que decía querer recuperar a su hijo, las visitas eran esporádicas y de corto tiempo.
El Equipo Técnico Interdisciplinario informó que B. no se alojaba cotidianamente en su casa paterna, que decía trabajar en una cadena de verdulerías pero que su trabajo era una incógnita.
El Asesor de Menores aconsejó que se procurara un hogar materno infantil donde pudiera vivir B. con D., pero el Servicio de Protección Integral Zonal informó que no se contaba con un instituto de esas características.
Nuevamente, el Instituto informó que B. no había cumplido los días de visitas pautados y aconsejó que se brindara al niño la posibilidad de crecer en el seno de una familia, habida cuenta del desinterés de su madre y de que ésta no contaba con un entorno familiar que la acompañara.
En igual sentido dictaminó la Asesora de Incapaces, aconsejando que no se prolongara la institucionalización y se lo declarara en condiciones de adoptabilidad.
Finalmente presentó su informe la Médica Psiquiatra del Juzgado, quien dictaminó que B. presentaba un “arrasamiento psíquico” por el cual no podía alojar ni cuidar a su hijo, estando necesitada de tratamiento psiquiátrico.
La sentencia, previo relato de los antecedentes de la causa que en síntesis acabo de referenciar, comienza recordando las disposiciones de la Convención Internacional de Derechos del Niño que prescriben el derecho del niño a ser cuidado por sus padres y a preservar sus relaciones familiares sin ser separado de ellos a menos que resulte necesario para proteger su interés superior, al igual que la ley 26.061 y la ley provincial 13.298. En tal sentido, sostiene que el art. 20 de la C.I.D.N. consagra el derecho de los niños a ser protegidos y asistidos por el Estado cuando su superior interés exija que no permanezcan en su medio familiar.
Sobre esta base, la magistrada analiza las constancias iniciales de la causa de donde surge que la madre del niño no posee “niveles de alarma y de registro sobre la gravedad de lo ocurrido”, que la familia coloca al niño en alto riesgo social, que no existe buena relación entre la madre y la abuela del menor, quien no ve a aquella con responsabilidad maternal.
Luego expresa que durante el lapso de nueve meses transcurrido desde la internación de D. en el hogar de niños, pese a habérsele brindado la posibilidad a B. de tener una exitosa vinculación con su hijo, no logró sostener el cumplimiento del régimen de visitas acordado, no dando explicaciones del motivo de sus ausencias. Siendo ello así – afirma -, pese al esfuerzo desplegado por los organismos intervinientes, no se pudo revertir la situación que originara la medida de abrigo dispuesta.
Insiste la jueza sobre la falta de explicación coherente por parte de la madre acerca del golpe recibido por su hijo, referencia los informes del Equipo Técnico Familiar acerca de la falta de aptitud de B. para velar por la salud de su hijo, como tampoco por parte de su abuela materna.
Relata los esfuerzos hechos por el Juzgado para que B. se relacionara con su hijo y afianzara el vínculo sin que arrojaran los resultados esperados. Referencia el fracaso del intento de que pudiera Belén ser internada junto con D. en un hogar materno infantil por no existir dentro de la jurisdicción del SZPPDN. Dice que, habida cuenta de lo expresado por aquella respecto de su deseo de vivir con el niño en la casa de sus padres, dispuso que el Equipo Técnico Familiar hiciera un amplio informe ambiental, del que resultó que no guardaba las condiciones mínimas necesarias para alojar al menor.
Sobre la base de lo expuesto, la magistrada, previa aclaración de que la madre quedará privada de los derechos que emanan de la patria potestad (art. 307 C.C.), resuelve declarar al niño D. J. M. en estado de desamparo y en condiciones de adoptabilidad, brindándole amparo integral dentro de un ámbito familiar para lo que se convocará a personas del listado que prevé la Ac. 3.607/12 de la S.C.B.A..
III.- Agravios de la madre del niño.
N. B. M. presenta memorial, con el patrocinio del Defensor Oficial Dr. S. M. P., comenzando por recordar las disposiciones del Código Civil que estatuyen el derecho-deber de los padres de tener consigo a sus hijos, de criarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna y el correlativo derecho del niño de vivir con su familia biológica, lo cual tiene su base constitucional en la Convención Internacional de Derechos del Niño (arts. 7.1, 8.1., 9.1). Estas directivas – expresa – implican el compromiso del Estado a implementar políticas sociales que permitan a las familias con carencias mantener consigo a sus hijos y evitar que les sean sustraídos.
Recuerda las disposiciones de la ley 26.061 y de la ley provincial 13.298 que obligan a preservar y fortalecer los vínculos familiares y sólo como excepción apartarse de ello en casos extremos, como asimismo lo dispuesto en el art. 317 del C.C. en cuanto a la situación extrema por la cual un niño puede ser dado en adopción.
Sobre dicha base, sostiene que no aparece configurado en autos el presupuesto esencial del desamparo de D. que lo coloque en estado de adoptabilidad, a lo cual se impone su “férrea” oposición a renunciar a los derechos de la patria potestad.
Expresa que siempre estuvo a derecho, respetando las pautas impuestas por el Juzgado; o sea, asistiendo al instituto los días acordados, quedándose a dormir los fines de semana, y hasta prestó conformidad con alojarse en un hogar materno infantil con su hijo, todo lo cual indica que no es cierto lo afirmado en la sentencia al respecto.
Señala que cuando se dispuso la medida de abrigo no contaba con patrocinio jurídico, oportunidad que se le brindó recién tres meses después y que cuando contó con el mismo reiteró su firme voluntad de lograr la restitución de su hijo.
Destaca que, en todo caso, es prematura la resolución dado que no se ha agotado la búsqueda de un hogar materno infantil que pueda alojarla con su hijo, como se propusiera en la audiencia de fs. 101 y vta..
Expresa que están en juego el derecho a la identidad, al nombre, a la vida en familia, a tener contacto con sus padres y a ser considerado como sujeto y no como objeto.
Pide finalmente que se revoque la resolución apelada y que le sea restituido su hijo, o, en su caso, que se disponga su internación con D. en un hogar materno infantil.
IV.- Las medidas llevadas a cabo ante esta Cámara.
Luego de oír al Asesor de Incapaces en relación al memorial – quien pidió la confirmación del decisorio – los autos arribaron a esta alzada y, como medidas para mejor proveer, se dispuso pedir informes al Juzgado de Garantías acerca del estado procesal de la causa por lesiones graves, y a los miembros del Equipo Técnico Familiar del Juzgado de Familia una ampliación de los informes presentados respecto de la situación actual de B. M. y en especial que se aclarara el concepto de “arrasamiento psíquico”.
La psicológa y trabajadora social del equipo presentan informe sobre la visita al domicilio de B. (fs. 161), de donde surge que está embarazada de cinco meses de gestación y que expresa su deseo de llevar a D. a su casa y seguir trabajando. En un informe posterior expresan que B. espera pasivamente una autorización para visitar a D., conjugado con abatimiento, relato monotónico y signos de marcada abulia, no expresa ningún tipo de sensación, no reclama, no explica nada sobre la dinámica familiar ni sobre su trabajo; agregan que se halla con el mismo nivel de exposición que hace un año atrás (fs. 167).
A fs. 168/69 obra el informe de la médica psiquiatra en el que aclara que el “arrasamiento psíquico” es la imposibilidad de conectarse con el deseo, con las ganas de vivir, de luchar por su supervivencia, es un estar en el mundo de manera abúlica y pasiva sujeta a los vaivenes de emociones y circunstancias no elegidas que no pueden afrontarse. Expresa que B. no puede pensarse de otra manera que no sea “estar con su hijo” sin que ello implique un cambio en su cotidianeidad o en qué hacer ante una circunstancia nueva que le demande un esfuerzo adaptativo.
Recepcionado el informe del Juez de Garantía n° 2 Departamental (fs. 172), el Asesor de Incapaces solicita que se confirme la resolución apelada.
El día 3 de septiembre pasado se lleva a cabo ante los jueces de esta Sala una audiencia con la participación de B. M., con patrocinio de la Defensoría Oficial, de los padres de la misma, sr. J. M. y sra. A. M. A., y del Asesor de Incapaces. Como surge del acta (fs. 176/79), B. ratifica que quiere ir a “un lugar” con D., que se siente en condiciones de criar a su hijo, que está embarazada de seis meses de otra persona que no es el padre de D., que está viviendo con su familia y trabajando en una verdulería de Luján. Relata circunstancias relativas a las visitas al Hogar Lowe referidas a que no la hacían sentir bien. Da su versión sobre las circunstancias del hecho que dio origen a estas actuaciones y niega haber abandonado a su hijo en el hospital ya que sólo fue a buscar unas cosas a su casa. Se habla a continuación – habiendo salido de la sala B. – con sus padres, quienes relatan cómo fue el hecho inicial de estas actuaciones, negando que hubieran abandonado al bebé. Expresan que averiguaron a dónde lo habían llevado y que fueron permanentemente a visitarlo lo mismo que B., aunque luego se presentó una situación difícil que, dificultó su continuidad. Explican acerca de las dificultades del transporte público de Luján a Mercedes, y expresan su deseo de que D. esté con su madre y con ellos, ofreciéndose como garantes del cuidado del niño.
En la misma audiencia, a pedido de la representante de la Defensoría Oficial, se dispone, en la medida que la sentencia no está firme, que B. visite dos veces por semana y el fin de semana a D. en el Instituto Lowe, con supervisión del asistente social de la Asesoría Pericial, y se permite la visita de los abuelos.
Corridas vistas de los informes emitidos por los profesionales del Equipo Técnico del Juzgado de Familia, el Defensor Oficial cuestiona los mismos por no basarse en estudios profundos y los confronta con los informes psicológicos y psiquiátricas
sobre B. presentados en la causa penal. Expresa que B. es una madre con proyectos y con deseos de aprender a ser madre con quienes puedan ayudarla.
Esta Sala solicita informes acerca del desarrollo de las visitas al Instituto Lowe y al asistente social interviniente de la Asesoría Pericial, y se pide que el Defensor Oficial y el Asesor de Menores informen sobre posibles lugares para la institucionalización de B., D. y el niño por nacer (fs. 190), lo que hace el primero a fs. 198.
El Licenciado M. G., asistente social de la Asesoría Pericial, presenta informe sobre el desarrollo de las visitas de B. al Hogar Lowe durante el mes de septiembre y primeros días de octubre, dando cuenta de un buen vínculo que se va fortaleciendo a lo largo de los encuentros. También informa acerca de la visita efectuada al hogar de los M., su composición familiar, y da cuenta del interés de los abuelos por dar contención a B. y a D.. Sugiere que se evalúe el vínculo en la dinámica hogareña, trasladando al niño por lo menos dos días y una noche (fs. 200/01).
Este pedido es efectuado por el Defensor Oficial (fs. 202), con la conformidad del Asesor de Incapaces (fs. 204), accediendo a ello esta Sala para el fin de semana del 11 y 12 de octubre (fs. 206).
Concretado ello, el Licenciado G. informa que, visitado el hogar el fin de semana, comprobó que el niño se hallaba cómodo en el medio familiar y bien vinculado con su madre y familiares. Asimismo que en el Hogar Lowe le dijeron que había sido positiva la estancia en el ámbito familiar, por lo que sugiere continuar con esta dinámica (fs. 213).
El Defensor Oficial pide que se autorice las salidas del niño todos los fines de semana (fs. 212), lo que es avalado por el Asesor de Incapaces (fs. 215), lo que así se dispone, con la obligación de presentar nuevos informes acerca del desarrollo del proceso de vinculación (fs. 218).
Antes de ello, la coordinadora del Hogar Lowe presenta informe dando cuenta de la positiva evolución del proceso de vinculación de B. con su hijo, y que, con orientación y acompañamiento, puede llevar adelante su rol materno, siendo importante la presencia actual de los abuelos. Dice que el niño se halla en perfecto estado de salud, que reconoce a su madre, que corre a sus brazos cuando la ve llegar, y que la estadía del niño en su hogar materno el fin de semana fue muy positiva. Aconseja que el niño realice parte del proceso de vinculación en su casa, teniendo en cuenta, además, las crecientes dificultades de la madre para viajar desde Luján por su avanzado estado de embarazo (fs. 216/17).
El 31/10/13, convocada por esta Sala, se lleva a cabo una audiencia con las representantes del Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño, Dra. R. C., y del Servicio Local de Luján, con la participación del Asesor de Incapaces y del Defensor Oficial, y se conversa sobre las funciones que cumplen y los recursos con que cuentan a esos fines (fs. 224).
El Licenciado G. informa que la vinculación entre B. y su hijo ha tenido una franca evolución y que el niño reconoce a su madre, desenvolviéndose normalmente durante el tiempo que pasa en su hogar, al tiempo que los abuelos están muy pendientes, respaldando y colaborando con B.. Expresa que a B., quien cursa un embarazo de ocho meses, se le dificulta trasladarse a Mercedes, por lo que aconseja que D. se reincorpore al hogar antes de que de a luz. Dice que B. manifiesta su deseo de tener a su hijo antes del nacimiento del nuevo nacimiento (fs. 225).

La coordinadora del Hogar Lowe informa que, llevado el niño los fines de semana a su casa familiar, vuelve tranquilo, contento y en perfectas condiciones de salud e higiene. Se evidencia la rápida adaptación de D. a su espacio familiar, reconoce y demanda a su madre y a su abuela, quien acompaña a B. en todas las visitas que realiza al hogar. Expresa que B. se encuentra vinculada afectivamente con su hijo, expresando que lo extraña cuando no está con él. Opina que sería conveniente que el niño “ocupe su lugar” en su familia antes de que llegue su hermanito (fs. 229).

El Defensor Oficial solicita, de acuerdo a estos informes, teniendo en cuenta el avanzado estado de embarazo de B., se le restituya definitivamente a su hijo o se disponga la guarda a favor de los abuelos maternos (fs. 231).
El 5 de noviembre pasado, el suscripto y la Secretaria actuante, se constituyen en el Hogar Lowe, hablan con las coordinadoras del Instituto sobre la evolución de la vinculación del niño con su madre, informando las mismas que ha sido muy positiva, que cuando B. está en Hogar los días de semana (varias horas) se ocupa sólo ella del niño, haciéndolo muy bien y con cariño. Luego conversamos con B., quien está con D., observamos que la llama “Mamá” y que existe un vínculo afectivo entre ambos. B. expresa que cobra la Asignación Universal por hijo por D., que va a tramitar la correspondiente a su hijo por nacer y que ha perdido su trabajo en la verdulería. Manifiesta su deseo de estar definitivamente con D. en su hogar familiar, y que su padre le está construyendo una habitación (fs. 233/234).
Corrida vista al Asesor de Incapaces expresa que, habiéndose revertido la situación que motivara su anterior dictamen, se revoque la decisión apelada y se reintegre el niño a su madre (fs. 231). V.- Los principios y directivas constitucionales y legales que deben guiar la resolución de la cuestión planteada en autos.
Como bien dicen la sentencia y el memorial, el punto de partida de todo análisis en que los derechos del niño estén afectados es la Convención Internacional de Derechos del Niño (C.I.D.N.), de jerarquía constitucional desde la reforma de 1994 (art. 75 inc. 22). El principio rector de la misma es que siempre las instituciones públicas y privadas deben atender al interés superior del niño cuando se tomen decisiones que conciernan a sus intereses.
Como ha dicho esta Sala en la causa n° 113.401, “S. M., s. art. 19 C.I.D.N.”, del 23/06/11 (pub. en L.L. Bs. As., octubre de 2011, p. 1034), el principio debe ser entendido desde una comprensión integral y armónica del resto de los principios y directivas de la Convención. Así, el art. 7.1 prescribe que el niño tiene derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Concordantemente, el art. 8.1 dice que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin ingerencias ilícitas. A su vez, el art. 9.1 prescribe que los Estados partes deben velar por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos excepto cuando, a reserva de revisión judicial, la autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria por el interés superior. Agrega a continuación que esa determinación puede ser necesaria, entre otos motivos, cuando el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres.
En septiembre de 2005 se dictó la ley 26.061 – llamada “Ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes” -, que es reglamentaria de la Convención y por ende es de aplicación en todo el país. La misma pone especial acento en el derecho de los niños a conocer quiénes son sus padres y en la preservación de las relaciones familiares (art. 11 1er. párr.) y prescribe que los organismos del Estado deben facilitar el encuentro o reencuentro familiar, y que los niños tienen derecho a conocer a sus padres biológicos y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres aún en casos extremos, salvo que se violare alguno de sus derechos (art. 11 2do. párr.). Asimismo, establece que sólo en los casos que ello sea imposible y en forma excepcional tendrán derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva de conformidad con la ley (art. 11 4to. párr.).
La ley define las medidas de protección integral de los derechos de los niños (art. 33). En el art. 35 establece que deben aplicarse prioritariamente las medidas de protección que tengan por finalidad la preservación y el fortalecimiento de los vínculos familiares, y en el art. 37 que deben tender a que permanezca viviendo con su grupo familiar. A su vez, califica como medidas excepcionales aquellas que se adopten cuando los niños estén temporal o permanentemente privados de su núcleo familiar (arts. 39 y 40). El art. 41 establece los criterios con que deben aplicarse tales medidas de excepción, consistentes básicamente en la búsqueda de personas vinculadas a los niños por parentesco o afinidad en caso de permanencia temporal en ámbitos alternativos, preservar el vínculo con los hermanos, y en ningún caso que el fundamento de una medida excepcional sea la falta de recursos económicos, físicos o de programas del organismo administrativo (arts. 33 y 41).
La ley provincial 13.298 – llamada “Ley de promoción y protección integral de los derechos de los niños” – contiene principios, directivas y reglas de aplicación que se compadecen con las enunciadas y, en caso de duda, deben interpretarse en función de lo establecido por la Convención y la ley nacional.
Tal como se dijo en la causa indicada, se trata de un mandato constitucional, que debe ser maximizado en la mayor medida posible. Por consiguiente, todo apartamiento de ese mandato debe ser excepcional y justificarse partiendo de las directivas de la Convención y de las leyes 26.061 y 13.298 señalados.
Finalmente, debo decir que los principios y directivas señalados deben leerse junto con los que emanan del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (P.I.D.E.S.yC.), también de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), con los arts. 14 bis, 75 incs. 19 y 23 de la C.N. y con los arts. 36 y 37 de la Constitución Provincial, a los que luego me referiré.
VI.- Las premisas indicadas llevadas al análisis del caso de autos.
El análisis de las actuaciones, las audiencias llevadas a cabo con B. M. y sus padres y en especial el desarrollo de las medidas llevadas a cabo antes esta instancia me persuaden de que lejos está de darse la situación de estricta excepcionalidad justificante de la separación definitiva del niño D. de su madre – con la consiguiente
pérdida de la patria potestad – y de su familia de origen, y su entrega a un matrimonio o persona individual con fines de adopción.
No está claro cómo se originó el hecho por el cual la médica del guardia del hospital detectó las lesiones sufridas por D., pero todo hace pensar que fue producto de un incidente generado con quien en ese momento era el compañero de B. y padre del niño a raíz de las salidas nocturnas de éste y puede haber ocurrido cuando momentáneamente aquella salió de la vivienda que compartían. No puede atribuírsele a B. intencionalidad ni descuido temario en la atención del niño, por lo que no se da el supuesto previsto por el art. 306 inc. 3 del C.C. (conc. arts. 9 y 19 C.I.D.N). De cualquier forma, luego del episodio B. dejó de convivir con dicha persona y vive en la casa de sus padres.
B. en todo momento ha expresado su voluntad de criar a su hijo (manifestando su enojo en más de una oportunidad por no permitírselo, fs. 42), deseo que ha mantenido a lo largo de todo el desarrollo de esta causa (fs. 42/46, 83, 87/88, 94, 98/100 y 101), en su expresión de agravios (fs. 143/48), y en las actuaciones llevadas a cabo luego de recibidos los autos en esta instancia (fs. 161, 176/79, 200/01, 212, 213, 216/17, 233/234). Los abuelos maternos del niño expresaron igual intención (fs. 42), y en la audiencia realizada en esta Sala dijeron que deseaban que estuviera con su madre viviendo con ellos y se ofrecieron como guardadores o garantes del cuidado de D. (fs. 178vta.). No estamos, entonces, ante un caso de abandono del niño (art. 306 inc. 2 C.C.).
Claro está que el abandono puede ser una situación objetiva, independiente de la voluntad expresa de los padres y familiares, y por ello la jueza habla de “estado de desamparo”, pero entiendo que no es posible calificar de esa manera a la situación del niño D. en relación a su madre y sus abuelos maternos.
La medida de abrigo fue correctamente dispuesta en su momento por la magistrada habida cuenta del parte médico y del informe del Servicio Social del hospital. Como prevé la ley 13.298, la jueza dispuso, junto con los representantes de los Servicios de Protección del Niño Zonal y Local, trabajar con la familia de origen de D. y que se realizaran los estudios ambientales y psicológicos pertinentes (fs. 32, 37. Al mismo tiempo se procuró que, estando el niño en el Hogar Lowe, la madre mantuviera su vinculación con el mismo y se hiciera un seguimiento sobre su desarrollo.
Las visitas de B. al Instituto se llevaron a cabo, aunque con ausencias y a veces por lapsos breves, que ciertamente no hablan bien de su deseo de criar a su hijo, pero hay que tener en cuenta, como quedó de manifiesto en la audiencia llevada a cabo en esta Sala, las dificultades del transporte público para trasladarse de Luján a Mercedes y también que debía trabajar para procurarse algún ingreso para vivir y por ende no podía descuidar su trabajo en la verdulería.
Los informes socio-ambientales del Equipo Técnico Familiar del Juzgado dan cuenta de la pequeñez de la casa familiar (2 ambientes, baño y cocina y comedor, con aceptables condiciones de habitabilidad, fs. 200vta. ) para albergar a una familia tan numerosa (matrimonio, ocho hijos, y tres nietos), pero la escasez de vivienda y la pobreza jamás pueden ser causa justificante para separar a un hijo de sus padres y de su medio familiar. Vale la pena transcribir el 3er. párr. del art. 33 de ley 26.061: “La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o
con quienes mantenga lazos afectivos, ni su institucionalización”. La misma directiva repite el art. 9 de la ley provincial 13.298. En todo caso, la falta de recursos habitacionales y económicos, sobre todo cuando están en juego los derechos de los niños, conduce a que el Estado deba adoptar medidas positivas para afrontarlas, cuestión que luego abordaré.
Surge de la lectura de las actuaciones – en especial de los informes del Equipo Técnico – que posiblemente la maternidad le llegó a B. cuando no estaba suficientemente madura o preparada psicológicamente para afrontarla (quien fuera su compañero, padre de D., en ese momento tampoco contribuía a que no fuera así). Pero ello no es causa suficiente para separarla de su hijo, no sólo porque no está sola en el mundo y por el contrario cuenta con una familia que la apoya, sino también porque ella ha manifestado su deseo de asumir su maternidad con responsabilidad. En la audiencia llevada a cabo ante los jueces de esta Sala expresó que deseaba que la ayudaran a “aprender a ser mamá” (ver fs. 177vta.), deseo que no puede menos que ser atendido.
Sin mengua del respeto que merece, debido a su preparación científica, el informe de la Médica Psiquiatra del Juzgado no se compadece con la impresión personal de los jueces de esta Sala y con los informes presentados por el trabajador social de la Asesoría Pericial y de la coordinadora del Hogar Lowe lo dictaminado en cuanto al “arrasamiento psíquico” de B.
Dijo al respecto que esto implicaba la imposibilidad de conectarse con el deseo, con las ganas de vivir, de luchar por la supervivencia, estar en el mundo de manera abúlica y pasiva, algo así como “nuda vida” o vida sin esperanza (fs. 168/69vta.). Pero B., aunque de pocas palabras, se expresa con corrección y manifiesta su voluntad de criar a su hijo, lo mismo que al niño por nacer, al mismo tiempo que expresó su preocupación por conservar su precario trabajo. El Lic. G., testigo de 14 visitas de B. al Instituto en el lapso de un mes y medio, dice que es una joven sencilla, algo inmadura, de vocabulario escaso, poco demostrativa, que fue superada por la situación que le tocó vivir y no supo cómo actuar (fs. 201), informe que se corresponde con la impresión causada al suscripto. No parece que quien no tenga ganas de vivir pelee por recuperar a su hijo y que tenga energía para ello, como surge tanto de dicho informe como de los posteriores (fs. 213 y 225), y de los de la coordinadora del Instituto (fs. 216/17, 229) y de la visita realizada (fs. 233/34)
En todo caso, de lo que no caben dudas es que a partir de la audiencia llevada a cabo en esta Sala, B. ha demostrado, a prueba de toda duda, su voluntad de asumir su rol materno con D.. De los informes del Licenciado G. se desprende que el vínculo madre-hijo se dio con naturalidad, fortaleciéndose con el transcurso de las visitas. En el primer fin de semana que el niño pasó en el hogar familiar comprobó que jugaba con sus dos primos y que se movía por la casa sin inconvenientes, controlado por su madre, tías y abuelos; lo observó cómodo – durmió sin problemas y no demostró malestar – y bien vinculado a sus familiares (fs. 213).
La coordinadora del Hogar Lowe en su primer informe dice que B. ha demostrado un mayor interés y compromiso con su hijo, como asimismo el afecto que puede brindarle. Expresa que, con orientación y acompañamiento, puede desempeñar su rol materno, toda vez que deben marcársele ciertas pautas en relación al cuidado del niño, siendo muy importante la presencia que actualmente tienen los abuelos maternos. Dice que D. está en perfecto estado de salud, que reconoce a su madre, que “corre a sus brazos cuando la ve llegar al hogar y llora cuando se va”, lo que, a su juicio, es una buena señal si se tiene en cuenta que el niño estuvo institucionalizado desde pequeño. Respecto de la estadía de D. en la casa materna expresa que la información con que cuenta es muy buena, que se adaptó sin inconvenientes, explicando que fueron los abuelos los que lo reintegraron al Hogar dado que a B. le causaba mucho dolor. Opina que es importante que el niño realice parte del proceso de vinculación en su casa, debido que es el lugar donde vivirá con su familia y el avanzado estado de gravidez de su madre, lo que hace más difícil que viaje seguido. Termina diciendo que la situación inicial, en la que no se podía establecer un vínculo entre el niño con B. y su familia se ha ido revirtiendo dado el interés por recuperarlo (fs. 216/17). En su segundo informe da cuenta de que el niño volvió tranquilo y contento luego de pasar el fin de semana en la casa familiar, que reconoce y demanda a su madre y a su abuela, que B. está vinculada afectivamente con su hijo y que desea tenerlo consigo pronto dado que está pronta a tener familia y se le dificulta el traslado a Mercedes, lo cual la coordinadora aconseja (fs. 229).
Adjudico una gran importancia a esta evaluación dado que la misma coordinadora del Instituto, como hemos referenciado, en su momento presentó informes muy negativos sobre el vínculo de B. con su hijo, llegando inclusive a sugerir que cesara la institucionalización y que creciera en el seno de otra familia (fs. 75/76), opinión compartida por el S.P.P.D.N. Zonal, el que, sobre la base de lo evaluado por el Instituto, sugirió que fuera dado con fines de adopción (fs. 80/81).
Es importante que los abuelos maternos de D. han manifestado su voluntad de apoyar a su hija y de cuidarlo (se ofrecieron, incluso, como guardadores o “garantes”, fs. 178vta.), y ello así, dado que, como se ha señalado, el mandato constitucional y legal es preservar los vínculos con la familia de origen, el que sólo puede cortarse en casos muy excepcionales en los que corra riesgo la vida o la integridad psicofísica de los niños (esta Sala, causas n° 113.401, “S, M.” ya citada; 111.403, “B. I. y C., M. s/ adopción” del 1/11/07).
En tal sentido debe tenerse en cuenta también que D. tiene varios tíos, tres primos de aproximadamente de su edad (uno de los hermanos de B. , que no vive en la casa, tiene un hijo) y que próximamente tendrá un hermanito. Son sus familiares directos y el vínculo con ellos debe preservarse. En especial, no hay motivos para impedirle que se críe y crezca junto con su hermano.
El interés superior del niño (art. 3 C.I.D.N., art. 3 ley 26,061, art. 4 ley 13.298) coincide en el caso de autos con los principios y directivas constitucionales y legales que hemos mencionado, que obligan a los órganos administrativos y judiciales a no separar a los hijos de sus padres y a preservar el vínculo con la familia de origen.
Así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Fornerón e hija c. Nación Argentina” fallado el 27/04/12. Si bien no se trató de un caso similar al presente, el tribunal interamericano dejó sentado principios muy claros acerca de la obligación de los Estados miembros de la Convención Americana de hacer todo lo posible por preservar el derecho a la identidad y el vínculo de los niños con sus padres y familia de origen, y por tal razón se condenó al Estado argentino por violación de los arts. 1.1, 17.1 y 19 de la Convención. Vale la pena recordar que, según doctrina de la Corte Suprema Argentina, la doctrina que emana de los fallos de la C.I.D.N. debe ser tenida en cuenta a la hora de resolver los conflictos que seplantean ante los tribunales argentinos (Fallos: 327;3294; 328:2056; 330:3248; 318:514; L.L. 2012-F, 559, entre otros).
Por las razones dadas, propongo que la sentencia apelada sea revocada y que el niño D. sea reintegrado a su madre.
VII.- Las  obligaciones del Estado en este tipo de situaciones.
Pero lo que este tribunal debe resolver sería incompleto si se agotara en la mera restitución del niño a su madre y dejara todo librado a su suerte. No pueden soslayarse las circunstancias que provocaron la presente causa, lo que surge de los informes socio-ambientales acerca de la escasez de recursos económicos de B. y su familia y las precarias condiciones de vivienda en que viven.
Asimismo, B. está esperando un nuevo hijo (próximo a nacer dentro de un mes), está sin trabajo en la actualidad y sólo cuenta con la asignación universal por hijo (la correspondiente a D.), y aunque próximamente tramitará la que le corresponda por el niño por nacer, tales recursos serán insuficientes para afrontar las necesidades básicas de sus pequeños hijos y de sí misma. Aunque B. cuenta con el apoyo de sus padres, el cuidado y la buena crianza de sus hijos corre serio peligro si tales necesidades no son plenamente cubiertas.
Por imperativo constitucional el Estado (nacional, provincial y municipal) deben adoptar medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos, “en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad” (art. 75 inc. 23 C.N.). Agrega este precepto que debe dictarse un régimen “integral en protección del niño en situación de desamparo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
En concordancia con ello, el art. 14 bis garantiza “la protección integral de la familia”, y el art. 75 inc. 22 eleva a jerarquía constitucional varios tratados internacionales de derechos humanos que especialmente contienen normas de protección de los niños y de la familia.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece que debe concederse a la familia la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos; que debe brindarse protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto y que deben tomarse medias especiales de protección y asistencia a favor de todos los niños y adolescentes (arts. 10 y 11).
Disposiciones similares contiene la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) (arts. 17 y 19) y la Convención Internacional de Derechos del Niño (CIDH) establece que los Estados parte deben garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño y prestarles asistencia y protección apropiadas (arts. 6 y 8), así como a sus padres para el desenpeño de sus funciones (art. 18).
El PIDESC prescribe que deben tomarse medidas, especialmente económicas, hasta el máximo de los recursos disponibles para el logro progresivo de la plena afectividad de los derechos reconocidos (art. 2), principio también establecido en la CADH (art. 26) y en la CIDH (art. 4).
Este último tratado establece que deben adoptarse “medidas de protección comprensivas de procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con el objeto de proporcionar asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como otras forma de prevención” (art.19).
La ya citada ley 26.061 se articula sobre la base de la responsabilidad ineludible del Estado de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de políticas públicas con carácter federal, que garanticen con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de los niños, lo que implica la “asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las garantice” (art. 5).
Así, prescribe que los organismos del estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiadas para que la familia pueda asumir adecuadamente su responsabilidad (art. 7). El art. 18 contempla que deben tomarse medidas de protección de la maternidad y de la paternidad durante el embarazo, el parto y el período de lactancia. El art. 17 establece que los órganos del Estado deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de los niños.
El art. 32 prescibe que el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes – que debe coordinarse entre la Nación, la provincia y los municipios – para el logro de sus objetivos debe contar con políticas, planes y programas de protección de derechos y “recursos económicos”. Concordantemente el art. 33 establece que la falta de recursos materiales de los padres o de la familia no autoriza la separación de la familia nuclear, y el art. 37, entre las medidas de protección, contempla la asistencia integral a la embarazada y la “asistencia económica”.
Todas estas normas son, naturalmente, de obligatoria aplicación por la provincia porque forman parte de los principios y garantías que las provincias deben asegurar (arts. 5, 31 y 123 C.N.), y la ley 26.061 es reglamentaria de la CIDH.
La Constitución Provincial expresamente establece que deben implementarse políticas de fortalecimiento de la familia y de protección moral y material, como asimismo de la niñez (art. 36).
La ley 13.298 es la implementación a nivel provincial de todos estos principios y directivas. Así, el art. 3 establece que la política respecto de los niños tiene como “objetivo principal su contención en el núcleo familiar a través de la implementación de planeas y programas de prevención, asistencia e inserción social” (art. 3); el art. 7 prescribe que la garantía de prioridad del Estado comprende: “protección y auxilio a la familia y a la comunidad de origen”, “asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección y protección de los niños” y “preferencia en la formulación de políticas sociales públicas”.
La misma ley, al regular el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de los Niños, establece que para el logro de sus objetivos debe contar con “recursos económicos” (art. 14 inc. 4), y que la autoridad de aplicación debe contar con una “partida específica, representada por un porcentaje del Presupuesto General de la Provincia de carácter intangible” (art. 17). Crea, asimismo una Comisión Interministerial para la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños llamada de “coordinación y optimización de recursos” (art. 23). Los Servicios Locales de Protección de Derechos, entre otros, deben implementar programas de “becas y subsidios” (art. 30).
El art. 34 establece que, cuando la amenaza o violación de derechos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfechas, carencias o dificultades materiales, laborales o de vivienda, las medidas de protección deben ser programas “dirigidos a brindar ayuda económica y apoyo incluso económico” para fortalecer los vínculos familiares. El art. 35 contempla que, comprobada la amenaza o violación de derechos, debe brindarse, entre otras medidas, “asistencia económica”.
El decr. 300/05 (reglamentario de la ley) prescribe que cuando exista carencia o ausencia de recursos materiales la respuesta “deberá” dirigirse al sostenimiento del grupo familiar (art. 9). El art. 16.3 crea el fondo de Proyectos Innovadores de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños y de Apoyo a la Familia.
El art. 17 establece que la Comisión Interministerial debe optimizar los recursos del Estado Provincial y, a los efectos de garantizar el financiamiento permanente del sistema debe destinarse al menos el 50 por ciento del Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales creado por la ley 13.163 y el decr. 609/04, debiendo a su vez determinarse en cada ejercicio fiscal el monto asignado.
Cada Servicio Local de Protección de Derechos debe contar con un “manual de recursos públicos y privados municipales, provinciales y nacionales” (art. 18). El art. 22.1 reitera que los municipios deben asignar a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños el “máximo” de los recursos económicos disponibles.
No puedo dejar de mencionar que el art. 5 de la ley 13.298, emulando el art. 3 de la Constitución Italiana de 1947 (máximo exponente del constitucionalismo social de posguerra), establece que “la provincia promueve la remoción de los obstáculos de cualquier índole que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan o entorpezcan el pleno desarrollo de los niños y su efectiva participación en la comunidad”.
Aunque toda la normativa citada es más que suficiente para fundar lo que más adelante referiré, no está demás señalar que tanto la Corte Suprema Nacional como la Suprema Corte provincial y varios tribunales del país han reconocido en los últimos tiempos la operatividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, ha quedado atrás la antigua concepción de que se trataba de normas programáticas, meras directivas a los poderes públicos (administrativos y legislativos) para que dictaran normas reglamentarias tendientes a su cumplimiento.
Ha dicho en tal sentido la Corte Suprema de la Nación que la primera característica de los derechos y deberes constitucionales no son meras declaraciones sino normas operativas con vocación de efectividad, y que la C.N. reconoce derechos humanos para que resulten efectivos y no ilusorios, pues el llamado a reglamentarlos no puede obrar con otra finalidad que darles todo el contenido que aquella les asigna. Sostuvo que la operatividad tenía carácter derivado en la medida que se consagraban obligaciones de hacer a cargo del Estado, que estaba sujeta al control de razonabilidad del Poder Judicial. Sobre dicha base ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que proporcionara una vivienda a una señora y a su hijo discapacitado (Q. 64.XLVI, “Q., C. S. c. G.C.B.A. s/ Amparo”, 24/12/12; www.infojus.gov.ar).
La Suprema Corte Provincial ha dictado varios fallos en igual sentido. En Ac. 98.260 del 12/07/06 denegó una medida autosatisfactiva contra el particular demandado por daños y perjuicios pero ordenó al Poder Ejecutivo que tomara conocimiento de la situación del actor y de sus hijos y que, en caso de constatarse la necesidad de instrumentar acciones positivas, arbitrara las medidas de protección que garantizaran las necesidades básicas y de rehabilitación necesarias. En A. 69.733 del 4/11/99 confirmó una sentencia que había ordenado a la provincia y al municipio proveer de cobertura de salud y alimentación a una persona enferma de 83 años de edad. En A. 70.717 del 14/06/10 ordenó que la Provincia y la municipalidad proveyeran en un plazo de sesenta días una vivienda adecuada a una señora y su hijo, ambos discapacitados, y en forma inmediata el alojamiento de los mismos en un hotel o complejo habitacional. La misma medida dispuso en Ac. 70.138 del 3/07/13 en relación a una señora discapacitada y su núcleo familiar (conviviente desocupado y cinco hijos).
En un caso que llegó a la Corte Suprema Nacional donde se discutía la restitución o no a la madre biológica de una niña que había sido dada en guardapreadoptiva debido al aparente abandono de aquella motivada por su desesperante escasez de recursos, el Dr. Fayt votó a favor de esa medida y, con cita de las normas constitucionales e internacionales que he citado, propició que se comunicara a la Dirección de Acción Social del municipio respectivo para que maximizara los esfuerzos en orden a direccionar recursos para que la madre y su hijo contaran con una vivienda y asistencia (“A., C. c. D. C., M. A.” del 14/04/17, L.L. Supl. de Der. Const. del 21/09/07 y www.laleyonline.com.ar), solución que comparto plenamente.
Ahora bien, de la extensa referencia normativa arriba efectuada se desprende que no hace falta que la Provincia y el Municipio de Luján “creen” recursos económicos, sino que cuentan – o deben contar – con ellos en forma suficientes para asistir a B. M. en el cuidado y crianza de su hijo D. y de su hijo o hija por nacer fuera de todo riesgo material o moral.
Pese a ello el Servicio Zonal de Protección de Derechos de los Niños ha informado que en la jurisdicción no existe un Hogar Materno Infantil que pueda albergar a B. con su hijo D. (fs. 118). Los institutos de ese tipo informados por el Defensor Oficial a fs. 198 están muy lejos de la casa familiar de B., lo que, en caso de que se alojaran en uno de ellos, teniendo en cuenta además las dificultades del transporte público, provocaría un distanciamiento de la familia nuclear, que de ningún modo es aconsejable ni debe producirse.
En consecuencia, habida cuenta de que el Licenciado G. ha informado a fs. 200/01 que el padre de B., de profesión albañil, está construyendo una habitación para ella y sus hijos, el Servicio Local de Protección de Derechos deberá proporcionar, sin cargo de reintegro económico alguno, los materiales de construcción necesarios para que a la brevedad posible termine de edificarse.
En segundo término, el Servicio Local deberá entregar a B. los pañales y asistencia económica necesaria para que alimente, vista y brinde la atención de salud que sus hijos requieran, durante el plazo de un año y medio contado a partir del día de la fecha.
Asimismo, deberá ofrecer a B., pasados los seis meses del nacimiento de su próximo hijo, ser incluida en algún plan de capacitación laboral a fin de que pueda, en el futuro, obtener recursos económicos para criar y atender a sus hijos.
El Servicio Zonal de Protección de Derechos será garante de que estas obligaciones se cumplan (art. 18.4 del decr. 300/05).
Lo dispuesto es independiente del derecho que B. tiene de percibir la Asignación Universal por hijos.
VIII- Cumplimiento de la restitución y medidas complementarias.
Conforme a lo expuesto, los informes positivos presentados por la Coordinadora del Hogar de Niños Lowe y lo dictaminado por el Asesor de Incapaces, no existen motivos para no acceder a lo peticionado por el Defensor Oficial en cuanto a la inmediata restitución de D. a su madre. Por consiguiente, sugiero que se efectivice a partir del día de la fecha, que coincide con el día previsto para que lo retire para llevarlo a su casa a pasar el fin de semana.
Teniendo en cuenta que la Asesoría Pericial Departamental – a través del Licenciado M. G. – ha seguido y supervisado el proceso de revinculación de B. con su hijo iniciado a partir de la audiencia llevada a cabo ante esta Cámara (fs. 176/79), es aconsejable que continúe en tal tarea e informe al Juzgado sobre la evolución del proceso y el cumplimiento de las medidas aquí dispuestas luego de reintegrado el niño a su hogar familiar (art. 5 de la Res. N° 3359/08 de la S.C.B.A. por aplicación analógica).
En oportunidad de visitar el Hogar Lowe, el suscripto explicó a B. que si los padres de sus hijos no los reconocían voluntariamente tenía derecho a exigirles que lo hicieran, tanto por el derecho de la identidad de los niños como para que cumplieran con sus obligaciones alimentarias, a lo que B. dijo que por ahora no deseaba hacerlo pero que lo tendría presente. Pasado un tiempo prudencial del parto que se aproxima, si no fuera el niño que naciere reconocido por el padre respectivo, se comunicará al Asesor de Menores para que reitere a B. esta comunicación (art. 255 C.C., art. 8 ley 13.298, art. 8.1 del decr. 300/05).
Con las medidas sugeridas, VOTO POR LA NEGATIVA.
El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1°.- Revocar la sentencia apelada, y en consecuencia ordenar la restitución del niño D. J. M. a su madre N. B. M. a partir del día de la fecha.
2°.- Disponer que el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Luján proporcione al sr. J. M. los materiales de construcción necesarios para que termine de edificar en la casa familiar la habitación necesaria para que su hija B. viva con sus hijos, sin cargo de reintegro económico.
3°.- Disponer que el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Luján proporcione a B. M. los pañales y asistencia económica necesaria para que alimente, vista y brinde la atención de salud que sus hijos requieran, durante el plazo de un año y medio contado a partir del día de la fecha, sin cargo de reintegro económico.
4°.- Disponer que el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Luján, pasados los seis meses del nacimiento de su próximo hijo, ofrezca a B. M. ser incluida en un plan de capacitación laboral a fin de que pueda obtener recursos económicos para criar y atender a sus hijos.
5°.- Disponer que el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño supervise y se constituya en garante de lo ordenado en los puntos 2°, 3° y 4° precedentes.
6°.- Disponer que la Asesoría Pericial, a través del Licenciado M. G. o quien eventualmente lo sustituya, continúe el seguimiento de la relación de B. M. con su hijo D., informando al respecto a la sra. Jueza interviniente, como asimismo respecto del cumplimiento de lo ordenado en los puntos precedentes.
7°.- Hacer saber al Asesor de Incapaces lo dispuesto en el último párrafo del considerando VIII de la primera cuestión.
ASI LO VOTO.-
El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin., por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
S E N T E N C I A
Y VISTOS:
CONSIDERANDO:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada.-
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
1°.- Revocar la sentencia apelada, y en consecuencia ordenar la restitución del niño D. J. M. a su madre N. B. M. a partir del día de la fecha.
2°.- Disponer que el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Luján proporcione al sr. J. M. los materiales de construcción necesarios para que termine de edificar en la casa familiar la habitación necesaria para que su hija B. viva con sus hijos, sin cargo de reintegro económico.
3°.- Disponer que el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Luján proporcione a B. M. los pañales y asistencia económica necesaria para que alimente, vista y brinde la atención de salud que sus hijos requieran, durante el plazo de un año y medio contado a partir del día de la fecha, sin cargo de reintegro económico.
4°.- Disponer que el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Luján, pasados los seis meses del nacimiento de su próximo hijo, ofrezca a B. M. ser incluida en un plan de capacitación laboral a fin de que pueda obtener recursos económicos para criar y atender a sus hijos.
5°.- Disponer que el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del Niño supervise y se constituya en garante de lo ordenado en los puntos 2°, 3° y 4° precedentes.
6°.- Disponer que la Asesoría Pericial, a través del Licenciado M. G. o quien eventualmente lo sustituya, continúe el seguimiento de la relación de B. M. con su hijo D., informando al respecto a la sra. Jueza interviniente, como asimismo respecto del cumplimiento de lo ordenado en los puntos precedentes.
7°.- Hacer saber al Asesor de Incapaces lo dispuesto en el último párrafo del considerando VIII de la primera cuestión.
8°.- Líbrese oficio al Hogar Lowe a fin de notificar la presente sentencia y a la Oficina Pericial a fin de que tome conocimiento de la misma el licenciado G.
9°.- Líbrese oficio al Servicio Zonal de Promoción y Protección de los derechos del niño a fin de notificar la presente sentencia solicitándole que notifique la misma al Servicio Local de Lujan
10°.- Notifiquese al Sr. Asesor en su público despacho y personalmente o por cédula con habilitación de días y horas inhábiles al Sr. Defensor Oficial. REG. Y DEV.-

Updated: noviembre 27, 2013 — 12:13 pm
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